Enésimo portazo del Gobierno a Andalucía para hablar sobre Doñana: «No hay posibilidad de diálogo»

El Gobierno de Sánchez sigue empeñado en ni siquiera sentarse a hablar con la Junta de Andalucía sobre su propuesta sobre Doñana. Este jueves, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha señalado que no hay duda con respecto a la obligación de cumplir una sentencia que condena al Reino de España y por ello no ve «aceptable» ni está dispuesta a ceder a la propuesta de diálogo «sobre una ilegalidad» que va en sentido contrario a tal sentencia.

En este sentido, Ribera ha caído en sus propias contradicciones. Primero argumentando que «sobre eso (Doñana) no hay posibilidad de diálogo» y después asegurando que «nunca» se ha denegado el diálogo con la Junta de Andalucía sino «todo lo contrario».

Muy seria, ha añadido que ante los «problemas muy serios» abiertos por el cambio climático, que desafía a la gestión del agua, no se puede incrementar «la pila de problemas» yendo en una dirección que «no tiene salida» ni recorrido.

Ribera ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con quien hace un año habló, que le dijera una cosa y haya hecho la contraria en el marco de la situación de Doñana y respecto a la posibilidad de permutar terrenos de regadío para alejarlos del entorno de este enclave protegido, la vicepresidenta dice que no entiende de qué está hablando ahora la Junta de Andalucía si de una «operación especulatoria» para que «haya señores que oferten su suelo recalificado como regadío a un mayor precio para que el Estado asuma esa compra».

En todo caso, ha reiterado que es preciso concentrarse en resolver los problemas y ejecutar la sentencia, en vez de desviar la atención con nuevos problemas al hilo de la proposición de ley que se debate en el parlamento andaluz.

Respecto a sentarse con la Junta de Andalucía, ha criticado que esta administración autonómica haya «despreciado» los cauces formales; al Consejo de Participación de Doñana, cuyo informe ha infravalorado; las competencias del agua así como a otros actores, organizaciones y ha quebrado la legislación vigente establecida en el plan hidrológico del Guadalquivir y «la confianza y la relación» con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

«Es muy difícil, no se puede aceptar a hablar de lo que no tiene margen de negociación ninguna. De todo lo demás estamos encantados de hablar, porque de hecho, necesitamos hablar», ha sentenciado.

La ministra ha recordado que el Marco de Actuaciones de Doñana presentado a finales del año pasado no ha recibido ninguna propuesta adicional por parte de la Junta de Andalucía, algo que cree que sería «buenísimo» para acelerar la ejecución de la sentencia europea, tal y como pide la Comisión y cuyo contenido es «indubitado» y no tiene margen de interpretación.

Por tanto, ha reiterado en que «obviamente» no admitirá enmiendas ni discusión política sobre lo que es ilegal y llevaría a una condena y una complicación adicional con la Unión Europea, con la UNESCO, con las exportaciones de los agricultores y con la reputación de España.